JUCHITAN, Oax.- Es sorprendente el tiempo que se destina en los medios para discutir un tema que sólo ha servido para desviar la atención sobre el tema más importante en la vida nacional: la crisis económica, la pena de muerte es una respuesta desesperada para los tiempos de crisis, aunque nuestros gobernantes no deberían de dar alternativas desesperadas si no soluciones desde la ecuanimidad.
Indigna la posición del gobernador de Coahuila que en la entrevista que detonó todo este intercambio inútil de opiniones, hablaba como una víctima del secuestro queriendo dar la imagen de un gobernante que está tan cerca de sus conciudadanos que quiere proyectar su indignación y cree que se los gana al tomar una decisión apresurada pero inútil como es la pena de muerte.
Un gobernante que nos representa no necesita gesticular ante los medios su coraje, como una forma de evadir su responsabilidad porque sus policías son corruptos y su sistema de justicia se venden al mejor postor, al querer “asustar” a los delincuentes enumerando todos los epítetos de una pena cruel, se olvida que a estos les da lo mismo porque la justicia les ha dado: impunidad.
Cómo un estado que interviene para pedir indulto cada que un mexicano es sentenciado a muerte en los Estados Unidos pretende siquiera discutir sobre el tema. Qué se puede esperar de un sistema de justicia en donde a un luchador social por secuestrar a funcionarios públicos, como una forma de hacer oír sus justos reclamos, se le sentencia a más de cien años de cárcel y a los delincuentes que una y otra vez asaltan a personas de a pie el poco dinero para subsistencia (no todos son Alejandro Martí) y salen por falta de pruebas.
Qué fácil copiar el método “moderno” de la potencia más grande del mundo y presentarlo como una propuesta de ley que resolverá la ola de violencia que vive el país como lo hace el Partido “joven” el Verde Ecologista, pero que jamás les pasará por la cabeza apoyar una de las alternativas que se utilizan en otros países como la legalización de las drogas, ese sí un verdadero reto para un estado que tendría que tener a funcionarios escrupulosamente honrados y aplicar sistemas de supervisión y control de las drogas dentro de la legalización que desarmaría la base de las mafias, al quitarles su principal ingreso financiero. Pero nuestros gobernantes no se quieren complicar la vida y pretenden dar una imagen de fuerza con una propuesta francamente inservible que sólo sirve, tal vez, para reducir un poco las cárceles saturadas.
Cuando la justicia en este país no le de siempre la razón al que tenga más dinero, cuando el ciudadano pueda acudir a un ministerio público con la plena certeza de que recibirá justicia y no un complicado enmarañado de complicaciones legales propias de un cuento kafkiano, entonces se podrá discutir la pena capital.
La lucha contra la delincuencia fue una decisión apresurada del presidente Felipe Calderón ante la crisis de gobernabilidad en que lo metió el escaso margen de su triunfo y las protestas por el fraude. El presidente desde el principio no supo a que se estaba enfrentando y lo peor nunca no evaluó con lo que contaba, el resultado es esta masacre en donde se sacrifican a tantos policías por la corrupción de los altos funcionarios. La verdad es que la operación limpieza se debió de hacer antes de empezar esta guerra que el estado a todas luces está perdiendo.
Indigna la posición del gobernador de Coahuila que en la entrevista que detonó todo este intercambio inútil de opiniones, hablaba como una víctima del secuestro queriendo dar la imagen de un gobernante que está tan cerca de sus conciudadanos que quiere proyectar su indignación y cree que se los gana al tomar una decisión apresurada pero inútil como es la pena de muerte.
Un gobernante que nos representa no necesita gesticular ante los medios su coraje, como una forma de evadir su responsabilidad porque sus policías son corruptos y su sistema de justicia se venden al mejor postor, al querer “asustar” a los delincuentes enumerando todos los epítetos de una pena cruel, se olvida que a estos les da lo mismo porque la justicia les ha dado: impunidad.
Cómo un estado que interviene para pedir indulto cada que un mexicano es sentenciado a muerte en los Estados Unidos pretende siquiera discutir sobre el tema. Qué se puede esperar de un sistema de justicia en donde a un luchador social por secuestrar a funcionarios públicos, como una forma de hacer oír sus justos reclamos, se le sentencia a más de cien años de cárcel y a los delincuentes que una y otra vez asaltan a personas de a pie el poco dinero para subsistencia (no todos son Alejandro Martí) y salen por falta de pruebas.
Qué fácil copiar el método “moderno” de la potencia más grande del mundo y presentarlo como una propuesta de ley que resolverá la ola de violencia que vive el país como lo hace el Partido “joven” el Verde Ecologista, pero que jamás les pasará por la cabeza apoyar una de las alternativas que se utilizan en otros países como la legalización de las drogas, ese sí un verdadero reto para un estado que tendría que tener a funcionarios escrupulosamente honrados y aplicar sistemas de supervisión y control de las drogas dentro de la legalización que desarmaría la base de las mafias, al quitarles su principal ingreso financiero. Pero nuestros gobernantes no se quieren complicar la vida y pretenden dar una imagen de fuerza con una propuesta francamente inservible que sólo sirve, tal vez, para reducir un poco las cárceles saturadas.
Cuando la justicia en este país no le de siempre la razón al que tenga más dinero, cuando el ciudadano pueda acudir a un ministerio público con la plena certeza de que recibirá justicia y no un complicado enmarañado de complicaciones legales propias de un cuento kafkiano, entonces se podrá discutir la pena capital.
La lucha contra la delincuencia fue una decisión apresurada del presidente Felipe Calderón ante la crisis de gobernabilidad en que lo metió el escaso margen de su triunfo y las protestas por el fraude. El presidente desde el principio no supo a que se estaba enfrentando y lo peor nunca no evaluó con lo que contaba, el resultado es esta masacre en donde se sacrifican a tantos policías por la corrupción de los altos funcionarios. La verdad es que la operación limpieza se debió de hacer antes de empezar esta guerra que el estado a todas luces está perdiendo.
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